ACUSAN A GOBERNADOR DE VIOLAR LA LEY POR DESIGNAR A PANISTA COMO COMISIONADO PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

Martín Orozco Sandoval violó la Ley Estatal al designar al panista Juan Antonio Hernández Organista como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
El pasado viernes 17 de julio de 2020, el Gobernador Panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, designó como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas a Juan Antonio Hernández Organista, luego de un proceso simulativo y discrecional.
De acuerdo con registros públicos se da cuenta de la participación de Juan Antonio Hernández Organista en órganos de dirección del Partido Acción Nacional durante 2019, motivo por el cual es inelegible al violar la fracción IV del Artículo 24 de la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes que establece como requisito para ser titular el no haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún partido político, en los dos años previos a su nombramiento.
La designación partidista del titular de la Comisión Estatal muestra el desinterés del Ejecutivo por las víctimas y sus familias, así como por la Ley misma, parte del desconocimiento de las necesidades de las familias en el Estado que buscan a sus familiares. 
Violeta Sábas Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, señaló a El Ojo de Aguascalientes que "llevamos años acompañando a las víctimas y sus familias, haciendo énfasis al ejecutivo y legislativo del gran atraso que tiene el Estado en esta materia y empujando la creación de la Comisión Estatal en línea con la Ley General, para garantizar a las víctimas y sus familias acceso a la justicia, la verdad y la memoria, por esto, una  Comisión como esta no puede quedar a cargo de alguien que desconoce la problemática, que no ha llevado acompañamiento en estos casos y que es activamente militante de un Partido”.
Desde el Observatorio se están preparando los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar una Comisión apartidista y que vele por el interés de las víctima.


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